Por resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Comunidad de Regantes Ascoy, Benís y Carrasquilla, perteneciente al término municipal de Cieza, ya tiene inscritos en el Registro de Aguas los pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas que, al amparo de la Ley de Aguas, solicitó en el año 1989. De esta forma se ha resuelto un expediente muy complejo que provenía, tanto de los derechos que les asistían de la anterior ley del año 1879, como de la gran diversidad de propietarios y derechohabientes en dicha comunidad de regantes, en la que se inscriben centenares de agricultores en un área de terreno de casi 4.000 hectáreas.
La complejidad de esta situación proviene de los años 60 en los que, siendo entonces competente la Dirección General de Minas, se fueron autorizando una serie de sondeos en ese importante acuífero. Llegada la Ley de Aguas de 1986, y siendo entonces el momento de inscribir en el Registro esos pozos, la CHS pidió entonces a los regantes un plano de la superficie regable que no fue aportado por la comunidad de afectados, cuya realidad era muy compleja, tanto en las transmisiones de propiedad como en la ubicación estable de las zonas de regadío que se iban cambiando sin un orden preestablecido. Ante la impotencia de la comunidad de regantes por aclararlo, en el año 1993 técnicos de la CHS finalmente establecieron dicho plano de superficies, por lo que este plano sirvió como autorización provisional para que se continuase explotando el acuífero, pero no para inscribir los sondeos de forma oficial y, por tanto, sujeta a Derecho.
Fue el año pasado cuando, después de varias gestiones con la Comunidad de Regantes afectada, la CHS empezó a ultimar los derechos de inscripción, pero entonces se detectaron otras zonas de riego que no se correspondían con los datos obrantes en el informe de 1993 elaborado por la CHS. La modificación de características regables de la zona, en un acuífero que ya está declarado como sobreexplotado, ha determinado que la CHS haya resuelto muy recientemente la inscripción de los sondeos cuyas captaciones de agua se identificaron en el informe hidrogeológico encargado por la propia Comunidad de Regantes, unido a los datos de superficies regables y destinos de agua confrontados en el informe de la CHS elaborado en 1993. El resultado es que se inscribe un total de 21 de los que 9 siguen en explotación y otros 12 no tienen aforado ninguna cantidad de agua y solo se inscriben como pozos de reserva.
Queda ahora por definir la situación legal del resto de la explotación agrícola, es decir, la existente entre el repetido informe de 1993 y la actualidad, en la que aparecen unas 300 hectáreas más de regadío, para las que la CHS ha resuelto que se inicien de oficio los correspondientes expedientes de concesión, “por haberse modificado las características del aprovechamiento”. En su consecuencia, la incoación de estos nuevos expedientes estará sujeta a los plazos y alegaciones que en cada caso sean pertinentes y, de acuerdo con la legalidad vigente, la Presidencia de la CHS irá resolviendo si se otorgan las inscripciones o se deniegan.
En todo caso cabe destacar que la Presidencia de la CHS, de acuerdo con los regantes afectados, ha desbloqueado una situación enquistada durante quince años, con lo que se regulariza la situación de centenares de regantes, los cuales podrán ya tener acceso a las subvenciones que puedan corresponderles. Por parte de la CHS se logra así poner orden en uno de los acuíferos más importantes de la cuenca, que ya figura como sobreexplotado
Por resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Comunidad de Regantes Ascoy, Benís y Carrasquilla, perteneciente al término municipal de Cieza, ya tiene inscritos en el Registro de Aguas los pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas que, al amparo de la Ley de Aguas, solicitó en el año 1989. De esta forma se ha resuelto un expediente muy complejo que provenía, tanto de los derechos que les asistían de la anterior ley del año 1879, como de la gran diversidad de propietarios y derechohabientes en dicha comunidad de regantes, en la que se inscriben centenares de agricultores en un área de terreno de casi 4.000 hectáreas.
La complejidad de esta situación proviene de los años 60 en los que, siendo entonces competente la Dirección General de Minas, se fueron autorizando una serie de sondeos en ese importante acuífero. Llegada la Ley de Aguas de 1986, y siendo entonces el momento de inscribir en el Registro esos pozos, la CHS pidió entonces a los regantes un plano de la superficie regable que no fue aportado por la comunidad de afectados, cuya realidad era muy compleja, tanto en las transmisiones de propiedad como en la ubicación estable de las zonas de regadío que se iban cambiando sin un orden preestablecido. Ante la impotencia de la comunidad de regantes por aclararlo, en el año 1993 técnicos de la CHS finalmente establecieron dicho plano de superficies, por lo que este plano sirvió como autorización provisional para que se continuase explotando el acuífero, pero no para inscribir los sondeos de forma oficial y, por tanto, sujeta a Derecho.
Fue el año pasado cuando, después de varias gestiones con la Comunidad de Regantes afectada, la CHS empezó a ultimar los derechos de inscripción, pero entonces se detectaron otras zonas de riego que no se correspondían con los datos obrantes en el informe de 1993 elaborado por la CHS. La modificación de características regables de la zona, en un acuífero que ya está declarado como sobreexplotado, ha determinado que la CHS haya resuelto muy recientemente la inscripción de los sondeos cuyas captaciones de agua se identificaron en el informe hidrogeológico encargado por la propia Comunidad de Regantes, unido a los datos de superficies regables y destinos de agua confrontados en el informe de la CHS elaborado en 1993. El resultado es que se inscribe un total de 21 de los que 9 siguen en explotación y otros 12 no tienen aforado ninguna cantidad de agua y solo se inscriben como pozos de reserva.
Queda ahora por definir la situación legal del resto de la explotación agrícola, es decir, la existente entre el repetido informe de 1993 y la actualidad, en la que aparecen unas 300 hectáreas más de regadío, para las que la CHS ha resuelto que se inicien de oficio los correspondientes expedientes de concesión, “por haberse modificado las características del aprovechamiento”. En su consecuencia, la incoación de estos nuevos expedientes estará sujeta a los plazos y alegaciones que en cada caso sean pertinentes y, de acuerdo con la legalidad vigente, la Presidencia de la CHS irá resolviendo si se otorgan las inscripciones o se deniegan.
En todo caso cabe destacar que la Presidencia de la CHS, de acuerdo con los regantes afectados, ha desbloqueado una situación enquistada durante quince años, con lo que se regulariza la situación de centenares de regantes, los cuales podrán ya tener acceso a las subvenciones que puedan corresponderles. Por parte de la CHS se logra así poner orden en uno de los acuíferos más importantes de la cuenca, que ya figura como sobreexplotado
